El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de de la ciudad de Lugo ratifica la decisión acordada por la Xunta de Galicia y deniega la petición de teletrabajo a remoto presentada por una empleada pública que desempeña la función de inspectora tramitadora de la vivienda en dicha administración.
Concretamente, el juzgado ha señalado, por un lado, que no se ha podido comprobar que la resolución de la Xunta haya sido discriminatoria o arbitraria y por otro, que las labores realizadas por la funcionaria son incompatibles con el teletrabajo a remoto. Además, recuerda el juzgado que “la prestación de servicios en régimen de teletrabajo ni se puede imponer al empleado público ni este imponerlo a la administración por el mero hecho de solicitarlo”.
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