La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha puesto de manifiesto, en una reciente resolución, los riesgos legales y éticos derivados del uso inadecuado de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico.
El caso analizado parte de un recurso presentado por una letrada en octubre de 2025, en el que se incluyeron varias referencias a resoluciones judiciales inexistentes. En concreto, se citaron Sentencias que no correspondían a ningún pronunciamiento real de órganos como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo.
El Tribunal consideró que esta actuación podría constituir un supuesto de mala fe procesal, destacando que el uso descuidado de estas tecnologías puede afectar gravemente a la integridad del procedimiento judicial, al respeto debido a los tribunales y al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
No obstante, la Sala acordó finalmente archivar el expediente sancionador. Para ello, resultó determinante la reacción inmediata de la abogada, quien reconoció el error, retiró las referencias incorrectas y presentó disculpas formales, alegando que el fallo se debió a una falta de revisión y no a una intención fraudulenta.
Aun así, el Tribunal lanza una advertencia clara: el uso irresponsable de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional puede derivar en sanciones económicas, que según la normativa vigente pueden oscilar entre 180 y 6.000 euros.
Además, insiste en que, aunque estas herramientas pueden ser de gran utilidad, su utilización exige una verificación rigurosa. La responsabilidad última sobre la exactitud y validez de los documentos presentados recae siempre en el profesional.
¿Qué implica esta resolución para profesionales y clientes?
Este caso refleja la creciente importancia de actuar con el máximo rigor en cualquier procedimiento judicial. Los errores, incluso cuando no existe mala intención, pueden tener consecuencias relevantes.
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